|
Pedro Brufao Curiel , catedrático E.U.
Interino de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura,
analiza en este artículo la
"Corrupción hidroeléctrica en Galicia" y reclama a la Xunta que
depure responsabilidades. |
Las recientes noticias sobre las excelentes relaciones y abusos de
ciertos cargos públicos de renombre y sus familias beneficiadas por
el maná de las subvenciones y las licencias eléctricas han provocado
un sinfín de debates y preguntas en la opinión pública.
Una de estas preguntas, puede que la principal, es la de la causa de
esta situación. El ciudadano entiende que existen unas normas que
rigen el destino de esos fondos y de los ríos gallegos destinadas a
la protección de los bienes de dominio público desde el punto de
vista ambiental y económico, incluso que esas normas derivan de unos
principios consagrados al respeto del medio natural que obligan a
los poderes públicos y a los particulares.
Si esto es así, ¿cómo se pervierte este sistema para, literalmente,
regalar los ríos de todos a unos cuantos privilegiados?
La respuesta está al alcance de todos los interesados en el fenómeno
de la corrupción: Porque el mismo encargado de velar por los ríos y
los presupuestos públicos trabaja para que, de manera paralela al
formalismo burocrático, los fines de la legislación se perviertan
bajo la avaricia de dichos privilegiados a través de la
contraorganización. Es decir, mientras que se instruyen los
expedientes oportunos, el poderoso trabaja sin descanso para
eliminar la objetividad y la imparcialidad en el ejercicio de sus
funciones, como ha constatado AEMS-RIOS CON VIDA (www.riosconvida.org).
De ahí a realizar expropiaciones sin justificación, a actuar por la
vía de hecho levantando las presas sin permiso alguno, a arrasar las
fincas
colindantes, a entubar ríos y fervenzas, a presentar mapas y
proyectos falsos, a valorar a la baja los terrenos, a humillar y a
acallar a los técnicos y científicos que trabajan con independencia
y a tratar con soberbia a la ciudadanía sólo hay un paso, que se da
con la mayor naturalidad, como el de convertir en "Justicia de
papel" inútil las sentencias de incluso el Tribunal Supremo.
Hipócritamente, ante las noticias de la corrupción hidroeléctrica de
A Coruña y de toda Galicia, se ha llegado a decir que todo lo que se
hizo se hizo bien. Sin embargo el mismo Consello de Contas ha
manifestado una y otra vez en sus Memorias que la Empresa Pública de
Obras y Servicios Hidráulicos, dependiente de Aguas de Galicia,
concedió 36 licencias de aprovechamiento hidroeléctrico en el
periodo 1998-2001 "sin justificación", ya que no se había aprobado
aún el Plan Hidrológico Galicia-Costa. Asimismo, el Consello de
Contas cuestiona que el sistema de otorgamiento de concesiones de
las minicentrales hidroeléctricas "no permitió disponer de una
visión de su impacto global". Además, señala que el Ministerio de
Medio Ambiente "ha alertado de que actualmente las minicentrales en
los ríos se perfilan como una seria amenaza para la diversidad
biológica".
Sobre este punto, también la Dirección General de Patrimonio
Cultural advierte de la inexistencia de informes y trabajos de campo
relativos al impacto de las hidroeléctricas en los yacimientos
arqueológicos. "No contiene un estudio de integración
paisajística que contemple los impactos de la instalación de la
minicentral, ni un análisis de la viabilidad urbanística del
proyecto", agrega. De las concesiones revisadas, el Consello de
Contas denuncia que todas "salen adelante" sin que exista plena
garantía de que las medidas correctoras propuestas "fueran
efectivas" para asegurar su viabilidad ambiental a pesar de las
incidencias que plantean. Asimismo, el informe señala que el
balance energético de Galicia "pone claramente de manifiesto" que se
exporta gran cantidad de energía producida en la
Comunidad, "concretamente la generada por las minicentrales". Por
ello, cuestiona su necesidad "desde el punto de vista energético".
Todas estas irregularidades se recogen en el informe de la
Fundación Nueva Cultura del Agua
www.unizar.es/fnca): "Aguas Limpias, Manos Limpias: Corrupción e irregularidades en la gestión del Agua en España", que se presentó
en el Congreso de los Diputados hace dos años. ¿Cómo se puede
entonces negar lo
evidente?
Esta contraorganización se apoya a su vez en la cercanía al poder y
desde el
mismo poder, muy concentrado y opaco: en una misma Administración se
reúne
la unión penosa de potestades sobre Industria, Aguas y Medio
Ambiente,
versión burocrática del popular "yo me lo guiso, yo me lo como", por
las cuales se bloquea toda iniciativa de transparencia y objetividad
y el sistema inicial se pervierte de tal modo que la Xunta ha
trabajado más por destruir el propio territorio gallego que por
conservarlo y restaurarlo.
A todo ello, se le añade el que a algunos protagonistas de este
fariseísmo político, administrativo y empresarial se les conoce más
porque dicen que cumplen en su vida pública con principios morales y
religiosos dignos de todo respeto y por defender la tierra en la que
viven. Todo lo contrario, sin dar palos de ciego en operaciones
inmobiliarias y eléctricas, se han enriquecido por destruir los
bienes de la Creación y por arrasar los símbolos de Galicia, el país
de los diez mil ríos, al tiempo que atacan la Constitución de la
Nación, que dicen defender en múltiples foros, cuando mediante la
figura de la "supramunicipalidad" marginan la vida municipal
protegida por la Carta Magna y actúan a conciencia de modo
arbitrario e
irresponsable parar vulnerar el Estado de Derecho. Al mismo tiempo,
han aprendido a lucrarse y a amarse a sí mismos mientras insultaban
y humillaban
al prójimo, traicionando la confianza otorgada por los ciudadanos.
Tras tantas muestras de vandalismo institucional, la sociedad
gallega ha reaccionado legítimamente contra estos atilas con coche
oficial. Algunos han
terminado ahora su viaje, derrotados en los Campos Cataláunicos y
camino de
Roma, como Atila a las orillas del río Mincio ante León I,
representado éste
por los miles de ciudadanos anónimos y la prensa libre que muestran
el hartazgo de corrupción, prepotencia, egoísmo y financiación
ilegal de partidos políticos. Es hora ya de que se depuren todas las
responsabilidades legales y morales y de que la Xunta dé carpetazo a
esta manera de hacer las cosas, revisando su política de concesiones
y que el Parlamento de Galicia apruebe la Iniciativa Legislativa
Popular de Defensa de los Ríos (www.ilprios.org),
cancelando todos estos despropósitos llevados a cabo por un puñado
de vatios.
|