De momento se ha abierto una ronda de contactos y de intercambio de papeles «a un segundo nivel», pero tendrá que derivar en una negociación abierta para que Galicia obtenga compensaciones de las compañías eléctricas. El conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, anunció ayer que su departamento ha iniciado conversaciones con las operadoras hidroeléctricas para exponerles la necesidad de que reviertan a la comunidad una parte del beneficio que obtienen por el aprovechamiento de los recursos naturales gallegos.

Justo después de que el presidente de Unión Fenosa, Pedro López Jiménez, expresara su disposición a negociar con la Xunta sobre este asunto, el responsable de Medio Ambiente reconocía ayer en los pasillos del Parlamento que tal diálogo, en realidad, ya existe y que, aparte de la compañía galaicomadrileña, también implica a Iberdrola y a Endesa.

Manuel Vázquez remarcó que el Ejecutivo gallego aprovechará estas reuniones de trabajo con las operadoras para buscar «fórmulas de actualización» de las concesiones hidroeléctricas, que en la mayoría de los casos no vencerán antes del año 2061. De hecho, recordó que existe una ley de aguas de nuevo cuño, aparte de otras normativas y directivas europeas, que ya han sido invocadas por otras comunidades autónomas para renegociar las licencias.

Y aparte de eso, el responsable de Medio Ambiente subrayó que tampoco se puede soslayar que, en la actualidad, empieza a cobrar forma «una percepción social nueva» para que todas aquellas compañías que realicen un aprovechamiento de los recursos naturales gallegos «reviertan» parte de sus beneficios a la comunidad. «Hoy veo que las grandes empresas empiezan a percibir este mismo concepto», insistió Vázquez.

Impuesto verde

El esquema con el que trabaja el Ejecutivo gallego incluye la creación de una especie de impuesto verde o ecotasa, que se aplicaría a las firmas hidroeléctricas. Sería algo parecido al precio público aplicado por los ayuntamientos a las firmas energéticas por la ocupación del suelo, el subsuelo o el vuelo de la vía pública municipal, conocida popularmente como tasa de palomillas.

No obstante, el conselleiro de Medio Ambiente explicó que todavía no se ha iniciado un proceso formal de negociación, e incluso advirtió de que las soluciones no van a ser inmediatas, «van a llevar su tiempo», dijo.

En lo que sí se está aplicando ya la Administración gallega es en aprovechar la nueva legislación sobre aguas para «revisar una a una» cada concesión hidroeléctrica con el fin de determinar el «margen de maniobra» de que dispone la Xunta de Galicia para entablar esta negociación. «Y estoy convencido de que si revisamos a fondo, nos vamos a encontrar sorpresas», manifestó el ?conselleiro.

El Ejecutivo gallego es consciente de que en concesiones antiguas como las de Belesar y Os Peares, ambas pertenecientes a Unión Fenosa y que datan del año 1948, el margen de actuación es más bien limitado, algo que en cambio no ocurre con las licencias de nuevo cuño o con las ampliaciones de la potencia instalada.

Ampliación de potencia

De hecho, Manuel Vázquez explicó que buena parte de los proyectos hidroeléctricos previstos para Galicia apuestan por la ampliación de potencia de los embalses ya existentes con la instalación de nuevas turbinas, razón por la cual el responsable autonómico de Medio Ambiente considera «crucial» que el impuesto verde, en caso de crearse, se aplique no como una tarifa fija, sino como una tasa que grave la producción energética.

En cualquier caso, Vázquez insistió en que los contactos con las eléctricas estarán presididos por el mutuo acuerdo, aunque siempre debe primar, dijo, el «interés xeral».