Despues de Doñana que! 04/06/1998. Tribuna libre. Cristina Narbona.

     

La rotura de la balsa de las minas de Aznalcóllar, con su trágica riada de consecuencias todavía inciertas, debería suponer un punto de inflexión en la política ambiental española y servir de referencia, incluso, en el ámbito europeo. Lo sucedido en las instalaciones de Boliden podría repetirse en numerosos puntos de nuestra geografía, a la vista de la incapacidad de los informes de técnicos -supuestamente buenos profesionales- para detectar el peligro latente; y a la vista, también, de la influencia de los medios humanos y materiales idóneos para la vigilancia de este tipo de instalaciones por parte de las Administraciones. Para evitar catástrofes semejantes, es necesario, en primer lugar, introducir con rigor las exigencias ambientales en todas las actividades -no sólo las mineras- en las que se generan residuos peligrosos, vertidos tóxicos o emisiones contaminantes.

     Esto significa apostar, en serio, por la prevención y la reducción en origen de   estas sustancias, anticipando en lo posible la aplicación de la Directiva europea sobre prevención y control integrado de la contaminación (IPPC); si no se acelera su puesta en práctica, los efectos de esta Directiva tardarán más de cinco años en comenzar a sentirse. Las instalaciones mineras requieren, además, actuaciones de control muy inmediatas.

    El Grupo Socialista planteó, tras el debate del estado de la Nación, la aprobación urgente de un plan de inspecciones para verificar las condiciones de dichas instalaciones desde el punto de vista de las exigencias ambientales; dicha propuesta, junto con otras que se mencionan más adelante, fue rechaza por el PP y por los grupos nacionalistas. Sin embargo, el Gobierno aprobó hace dos semanas una actualización del inventario de instalaciones mineras, que podría ser el primer paso para actuaciones posteriores como las propuestas.

    Asimismo, el Grupo Socialista ha propuesto la revisión de la legislación sobre residuos, de forma que incorpore, con carácter general, medidas eficaces para potenciar la prevención -impuestos específicos, mayor control de las empresas, publicación anual obligatoria de informes de las empresas productoras de residuos peligrosos...- y, en particular, medidas relativas a todas las categorías de residuos cuya competencia estricta de control no reside en las autoridades ambientales -minas, residuos sanitarios, residuos radioactivos...-. El objetivo debe ser el de evitar toda confusión a la hora de equiparar los criterios ambientales en el tratamiento de cualquier tipo de residuos.

    Otro ámbito preocupante es el de la dotación de medios humanos y materiales de las Confederaciones Hidrográficas; en este sentido se ha solicitado -con idéntico «éxito», de momento- la adecuada dotación de estos organismos con el fin de cumplir eficazmente lo previsto en la Ley de Aguas. Hay que señalar que los medios a disposición de las Confederaciones Hidrográficas han disminuido durante los últimos dos años -según la ministra de Medio Ambiente, en aras de la reducción del déficit público-, entre otras cosas mediante el fácil procedimiento de no cubrir las vacantes derivadas de las numerosas publicaciones. Así, un guardia fluvial puede verse obligado a vigilar 5.500 kilómetros cuadrados de dominio público hidráulico -es el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir-; o darse la paradoja de que el Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido a restaurar el cauce del río Guadiamar, sin que éste se haya deslindado, y, por lo tanto, con graves incertidumbres sobre los límites legales de la propiedad privada en torno a dicho cauce.

    Una última iniciativa socialista, por ahora rechazada en el Congreso, ha sido la de la creación de una Fiscalía Especial de Medio Ambiente, reclamada por los fiscales más comprometidos en esta materia. La aplicación del Código Penal de 1995, en lo que se refiere al delito ecológico, se ve muy dificultada por las carencias de medios idóneos y de criterios comunes que sufren las fiscalías especializadas en medio ambiente: así lo señalan las últimas memorias anuales de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el PP votó también en contra de esta propuesta, argumentando que los problemas detectados se irían resolviendo (?) sin necesidad de una Fiscalía Especial.

     Las propuestas comentadas forman parte de un paquete más amplio de iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista, algunas de las cuales se hallan todavía en estudio. Sin duda, los resultados del informe del CEDEX sobre las causas de la rotura -que serán conocidas en una próxima comparecencia del director de ese organismo ante la Comisión de Medio Ambiente- servirán de orientación para perfeccionar éstas y otras propuestas.

    Lo sucedido en el entorno de Doñana es lo suficientemente grave como para alertar a todos -empresas, profesionales, administraciones- sobre los riesgos de minusvalorar el medio ambiente; pero la responsabilidad de que no vuelva a suceder nada semejante debe ser asumida, de forma prioritaria, por los partidos políticos con capacidad de introducir reformas en la legislación y en el control de la aplicación de la misma.

    Cristina Narbona es diputada y portavoz del PSOE en materia de medio ambiente y urbanismo.

Saír.